La más reciente obra de Banksy en Londres, pintada en la fachada de los Tribunales Reales de Justicia, duró apenas unos días antes de ser eliminada por las autoridades. El mural mostraba a un juez golpeando a un manifestante ensangrentado, una imagen poderosa frente a un contexto político cargado de tensión tras la prohibición de Palestine Action y la detención de casi 900 personas.
La justificación oficial fue que el muro pertenece a un edificio protegido y debía mantener su carácter original. Sin embargo, la rapidez con que fue cubierta y posteriormente borrada refleja el nerviosismo institucional ante una pieza que señalaba, sin palabras, la violencia desde el poder. La obra no desapareció del todo: su silueta aún se distingue y circula ampliamente en redes sociales.
Banksy ha construido su relevancia en la incomodidad que provoca. No es la primera vez que su trabajo enfrenta censura, pero en este caso la intervención en un sitio icónico de la justicia británica multiplicó su carga simbólica. En un país donde el arte callejero suele dialogar con la protesta, la decisión de borrarlo reaviva la discusión sobre los límites entre patrimonio histórico y libertad de expresión.
La pregunta que queda abierta es qué pesa más: ¿la preservación de un edificio o la preservación del mensaje social? En el caso Banksy, la respuesta nunca es simple. Lo cierto es que, al borrar su obra, Londres la convirtió en una metáfora de lo que buscaba denunciar: el intento de callar la protesta.