El exjuez federal Anuar González Hemadi, destituido en 2019 tras el polémico fallo en el caso Los Porkys de Veracruz, fue detenido junto a otras 13 personas por su relación con la red de huachicol encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. De acuerdo con las investigaciones, González fungía como representante legal de Mefra Fletes, empresa implicada en el tráfico ilegal de hidrocarburos decomisados en marzo pasado.
Mefra Fletes había sido señalada desde 2020 por irregularidades en el transporte de combustibles y vinculada tanto al Cártel del Golfo como al CJNG. La compañía, con socios ligados a autoridades locales, incluso contaba con permisos de la Comisión Reguladora de Energía para mover gasolinas y diésel. La captura del exjuez confirma cómo actores políticos, judiciales y empresariales confluyen en estas redes criminales.
El caso exhibe no solo la fragilidad institucional frente al crimen organizado, sino la persistencia de corrupción en sectores clave de justicia y energía. La pregunta de fondo es si el Estado tendrá la capacidad real de depurar a quienes han usado el poder para alimentar economías ilegales que terminan minando la confianza pública.