Con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que el Legislativo deberá emitir la nueva norma en un plazo de 180 días y unificará tipos penales, agravantes y sanciones aplicables en todo el país.
El dictamen, turnado al Senado, busca consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión coordinada por la Secretaría de Seguridad. Entre sus ejes destacan detenciones basadas en inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión locales, protocolos de atención a víctimas y campañas nacionales de prevención. La propuesta también responde a la dispersión normativa existente en los códigos estatales, que dificulta el combate efectivo al delito.
El avance legislativo refleja un consenso inédito entre fuerzas políticas, pero también evidencia la urgencia de enfrentar un delito en constante mutación y con fuerte vínculo con la delincuencia organizada. La clave será si la futura ley logra trascender lo declarativo y convertirse en un instrumento eficaz de protección para ciudadanos y comercios vulnerables.