Ismael “El Mayo” Zambada no pudo retirarse del narcotráfico porque su supervivencia dependía de mantener una compleja red de sobornos a funcionarios de todos los niveles. Desde finales de los sesenta hasta gobiernos recientes, el capo siempre encontró protección institucional a cambio de dinero.
El entramado incluyó autoridades civiles, militares y de seguridad vinculadas a distintos partidos. Aunque su fortuna se calcula en 15 mil millones de dólares, gran parte se destinó a asegurar impunidad. Romper con esta cadena de pagos habría significado quedar desprotegido ante las mismas instituciones que lo blindaron por más de cinco décadas.
El caso muestra cómo la corrupción enraizada en el Estado convierte en ficción la idea del retiro para capos históricos. La permanencia de Zambada en el negocio fue menos una elección que una condena: sostener un sistema donde crimen y poder político se retroalimentan, revelando la fragilidad institucional mexicana.