Durante la mañanera, se aclaró que la Secretaría de Energía no reconoce a Gasolineros Unidos por México, agrupación que denunció sobrerregulación y presuntas extorsiones por parte de funcionarios del sector energético y delegados de la Fiscalía General de la República. Se subrayó que su gobierno mantiene reuniones periódicas solo con los principales empresarios gasolineros para reducir trámites y garantizar que no suba el precio de los combustibles.
La organización publicó un desplegado en el periódico Reforma donde acusó sanciones desproporcionadas y un clima de incertidumbre jurídica que —asegura— se intensificó desde el sexenio pasado. En su mensaje, pidió abrir un canal de diálogo directo con el Ejecutivo para cumplir con las promesas de simplificación administrativa y mejorar las condiciones del sector.
El reclamo incluyó la solicitud de investigar a funcionarios señalados por extorsión y de atender la situación financiera de Pemex. El contraste entre la postura oficial y las denuncias empresariales revela un creciente desencuentro en torno a la regulación energética, donde la transparencia y el combate a la corrupción se mantienen como pendientes.