El número de personas desaparecidas en México sigue en aumento: 24 mil 352 casos en 2022, 31 mil 367 en 2023 y más de 33 mil en 2024. En lo que va de 2025 ya se reportan 7 mil 684, de los cuales 196 fueron localizados sin vida. Sin embargo, especialistas advierten que no existen políticas públicas de prevención ni de búsqueda eficaces para enfrentar la crisis.
Académicos como Ernesto López Portillo sostienen que la militarización ha fracasado y, en algunos casos, incrementado la violencia. Señalan que el Estado carece de profesionales capacitados, tecnología y protocolos para atender el delito, mientras la crisis forense acumula más de 72 mil restos humanos sin identificar en todo el país.
A esta falta de políticas se suma lo que llaman un régimen macrocriminal: la operación conjunta de grupos delictivos con agentes estatales. Esto agrava el problema y perpetúa la impunidad, mientras las víctimas y sus familias quedan sin respaldo. La ausencia de una estrategia integral de prevención refleja un Estado desvinculado de las mejores prácticas internacionales.
Organizaciones y académicos subrayan la urgencia de incluir la prevención de desapariciones en el Plan Nacional de Desarrollo, con alertas tempranas y búsqueda inmediata. También advierten que los jóvenes son las principales víctimas. La discusión es inevitable: ¿puede hablarse de democracia plena cuando miles de ciudadanos desaparecen cada año sin que el Estado garantice verdad ni justicia?