Dos organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su respaldo al senador Alejandro “Alito” Moreno, a quien consideran víctima de persecución política por parte del Gobierno de México. Davika Bissessar, de Bonaire Human Rights Organization, y James Finis, de Nos Kier Boneiru Bek, advirtieron que el hostigamiento judicial contra el líder opositor refleja prácticas propias de regímenes autoritarios que buscan debilitar a la disidencia.
Ambos defensores señalaron que el caso será llevado ante la subsecretaria general de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, y se informará a organismos internacionales sobre la situación. Argumentaron que el uso de fiscalías y órganos judiciales como instrumentos de presión política vulnera el Estado de Derecho y puede derivar en riesgos contra la vida del legislador y su familia.
El señalamiento internacional coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo mayor escrutinio en materia de respeto a las libertades políticas. La acusación abre un debate incómodo: ¿México avanza hacia un modelo de justicia politizada o puede garantizar a la oposición un espacio democrático libre de represalias?