En un país marcado por carencias graves en salud, seguridad y justicia, la insistencia del gobierno y de Morena en impulsar una reforma político-electoral parece desconectada de la realidad. Mientras hospitales enfrentan desabasto de medicinas y la violencia golpea a familias enteras, la propuesta se coloca en la agenda como si fuese la urgencia nacional.
La iniciativa no pretende robustecer la democracia, sino limitarla. Con el argumento del “ahorro”, busca reducir legisladores y silenciar voces críticas, al tiempo que plantea una reconfiguración del INE que comprometería su autonomía. Se trata de una regresión política disfrazada de modernización institucional, orientada a concentrar poder en el partido gobernante.
En paralelo, millones de ciudadanos enfrentan cotidianamente la falta de servicios básicos como agua potable, empleo digno y acceso a la justicia. Las prioridades sociales parecen relegadas mientras se apuesta por modificar estructuras políticas que no solucionan las necesidades urgentes.
México requiere fortalecer sus instituciones, pero con sentido social. Sin medicinas, seguridad ni oportunidades, cualquier intento de reforma carece de legitimidad. La democracia no se construye debilitando contrapesos, sino garantizando que los ciudadanos tengan libertad y herramientas reales para decidir. La pregunta es inevitable: ¿qué debe atenderse primero, las urnas o la vida diaria de la gente?