Se reveló que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, es propietario de dos departamentos en Reforma 222, uno de los complejos más exclusivos de la Ciudad de México. La información ha generado críticas sobre la congruencia entre su cargo público y el nivel de patrimonio que posee.
Los inmuebles fueron adquiridos cuando Delgado ocupaba otros puestos de responsabilidad política y administrativa. Aunque el funcionario asegura que sus bienes están debidamente declarados, la falta de claridad sobre sus ingresos en esos periodos reaviva sospechas sobre posibles conflictos de interés.
El caso refleja la desconfianza ciudadana hacia los servidores públicos y sus patrimonios. Más allá de la legalidad, persiste la duda: ¿puede un funcionario que administra recursos educativos sostener una vida de privilegios sin que se cuestione el origen de su fortuna?