La idea de que Estados Unidos pueda “purgar” el sistema político mexicano o intervenir militarmente contra los cárteles ha ganado eco en ciertos sectores políticos y mediáticos, pero carece de viabilidad práctica y legal. Una operación de este tipo violaría de manera directa la soberanía nacional y el derecho internacional, además de provocar una reacción nacionalista que uniría incluso a facciones rivales contra la intromisión extranjera.
El problema central es la corrupción sistémica en México, que permea instituciones de seguridad, justicia y política. Una “limpieza” forzada no sería solo compleja de ejecutar, sino que podría derivar en un conflicto interno de gran escala, con riesgo de colapso del Estado o balcanización del territorio. Desde un punto de vista militar, implicaría control territorial de zonas productoras y rutas, equivalente a una ocupación prolongada.
El análisis apunta a que una estrategia más realista para debilitar a los cárteles está en la reforma del mercado de drogas en Estados Unidos. Experiencias como el fin de la prohibición del alcohol o la legalización del cannabis muestran que reducir el incentivo económico del crimen organizado es posible. Un mercado regulado podría disminuir de forma drástica los ingresos ilícitos que alimentan la corrupción y la violencia en México.
Finalmente, cualquier estrategia efectiva requeriría cooperación internacional entre países productores, de tránsito y consumidores. Mientras tanto, el combate unilateral de México contra los cárteles seguirá siendo limitado, más enfocado en mostrar resultados ante Washington que en un desmantelamiento total de las estructuras criminales. La intervención militar de EE.UU., lejos de resolver el problema, podría desencadenar consecuencias irreversibles para la estabilidad regional.