La Operación Leyenda, el caso más largo en la historia de la DEA, está llegando a su cierre, y Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, es ahora el objetivo más simbólico. Estados Unidos lo acusa de haber protegido al Cártel de Guadalajara y de haber autorizado que se delatara a Enrique Camarena como agente encubierto de la DEA, lo que derivó en su asesinato en 1985. Las pruebas incluyen grabaciones entregadas al juez Frederick Block en la Corte de Brooklyn.
Bartlett ya fue advertido por la Presidencia de México y solicitó ayuda para ser trasladado a un país sin tratado de extradición. La petición sigue sin respuesta. Mientras tanto, el caso de Rafael Caro Quintero —extraditado en febrero— ha tomado un nuevo giro, y la Fiscalía estadounidense evalúa negociar su testimonio como testigo cooperante, lo que podría fortalecer las acusaciones contra Bartlett.
Los fiscales también buscan que Genaro García Luna aporte información financiera sobre Bartlett y su relación con los empresarios Samuel y Alexis Weinberg. Con esos datos, el exfuncionario podría ser acusado bajo las nuevas leyes contra el terrorismo. Aunque la participación de Bartlett en el crimen no es nueva, el contexto legal y geopolítico lo coloca en una situación sin precedentes.
El fin de la impunidad parece importar menos que el símbolo. Para EE.UU., ningún crimen contra un agente quedará impune. Bartlett se convierte así en la última ficha que legitime el poder punitivo de Washington frente a la narcopolítica mexicana. ¿Será entregado o protegido?