El PRI respaldó la reforma constitucional que establece la extorsión como delito autónomo, pero advirtió sobre los riesgos de aprobarla sin una redacción precisa en los artículos transitorios y sin una ley secundaria que delimite su aplicación. Rubén Moreira, coordinador de la bancada, subrayó que el dictamen tiene buenas intenciones, pero carece de técnica legislativa sólida.
Durante su intervención, Moreira alertó que dejar cabos sueltos puede permitir que jueces declaren la reforma inaplicable o que se cometan abusos en nombre de la justicia. Recalcó que legislar a prisa, sin prever consecuencias jurídicas, puede generar más incertidumbre en un sistema penal ya saturado. La propuesta, dijo, merece un tratamiento más cuidadoso.
La urgencia política no puede estar por encima de la calidad legal. Si el Congreso no afina los detalles técnicos, corre el riesgo de transformar un avance en una herramienta peligrosa para la justicia.