Desde mayo, Transparencia para el Pueblo —creado para suplir al Inai— ha desechado 455 de los 457 recursos ciudadanos que ha resuelto, siendo el 99.6%. Las solicitudes buscaban datos públicos de la Presidencia, Sedena, IMSS o CFE, pero fueron rechazadas por supuestos errores de forma o por no acreditar “interés legítimo”.
La nueva autoridad sostiene que opera bajo los plazos de ley y promete una plataforma de datos abiertos, aunque todavía sin resultados visibles. Expertos como Jacqueline Peschard advierten que no se cumple con orientar al ciudadano ni suplir su queja, como lo ordenaba la legislación anterior.
En vez de fortalecer el derecho a saber, este modelo de transparencia formalista y opaca cancela el acceso a la información pública. Sin garantías reales, la rendición de cuentas se convierte en simulación. ¿Quién vigila ahora al poder?