Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Iberdrola fue una decisión empresarial tomada con el gobierno de López Obrador, sin intervención de su equipo de transición. Rechazó que se tratara de una imposición estatal y reiteró que su administración seguirá con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.
La venta de 13 plantas por más de 6 mil millones de dólares puso bajo control público buena parte de la generación eléctrica que antes operaba la empresa española. Aunque Sheinbaum calificó la operación como un acuerdo legítimo, distintos analistas la han leído como una nacionalización indirecta del sector energético privado.
El discurso oficial busca transmitir confianza, pero los hechos muestran otra cara: incertidumbre jurídica, presión política y reglas cambiantes. Más que un retiro voluntario, la salida de Iberdrola parece la consecuencia lógica de un entorno donde el margen empresarial se ha ido reduciendo cada vez más.