Ante la nueva ola de aranceles impulsada por el gobierno de Donald Trump, organizaciones jurídicas urgieron a México a acudir de inmediato a la OMC. La ANAD y la AIJD advirtieron que los impuestos a productos mexicanos, como jitomates y acero, violan flagrantemente el T-MEC y otros tratados internacionales.
El arancel del 30% que entrará en vigor el 1º de agosto sería, según juristas, “la gota que derramó el vaso”. Aunque reconocen la cautela diplomática de Sheinbaum, exigen ya una defensa jurídica firme. México tiene dos vías: un tribunal estadounidense o la OMC, aunque esta última enfrenta el riesgo de que sus fallos no sean ejecutados por EE. UU.
Además del daño económico, alertaron sobre impactos migratorios y violaciones a derechos humanos. La ANAD anunció asistencia legal a connacionales y oficinas en el norte del país. La presión internacional crece, pero la respuesta mexicana aún no llega.