El tráfico de combustible ilegal entre México y Estados Unidos no es un delito aislado, sino una red transnacional que involucra a autoridades, empresas y crimen organizado. Cada año se pierden más de 60 mil millones de pesos por el robo físico de gasolina en México, y otros miles por el llamado “huachicol fiscal”, que opera mediante papeles falsos y contrabando técnico desde Texas.
En marzo, un barco proveniente de ese estado con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando fue interceptado en el puerto de Tampico. El modus operandi: robar combustible en México, refinarlo en EE.UU. y devolverlo disfrazado de aditivos. Según la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, hay una red compleja de funcionarios, agentes aduanales y empresarios involucrados en este negocio de doble vía.
La DEA ha identificado a los grandes cárteles mexicanos como actores clave en este esquema: CJNG, Sinaloa y el Cártel del Golfo operan del lado mexicano. Del otro lado, no se ha informado de investigaciones o detenciones relevantes, pese a las alertas del Departamento del Tesoro estadounidense. La empresa Vitol, con historial de corrupción en varios países, figura entre las principales beneficiadas, pero hasta ahora ninguna cúpula empresarial ha sido sancionada.
El huachicol, en su versión física o fiscal, es hoy una de las industrias ilegales más rentables, y uno de los rostros más impunes del crimen organizado binacional.