Morena impulsa una reforma legal para homologar la tipificación del delito de extorsión en los 32 estados del país. Actualmente, este ilícito se castiga de manera desigual según el código penal local, lo que obstaculiza su persecución eficaz.
La iniciativa busca establecer una definición común y sanciones federales, en sintonía con la estrategia del gobierno para frenar este delito creciente, que impacta gravemente a comerciantes, transportistas y ciudadanía en general. También se plantea incorporar la extorsión al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.
El debate legislativo ocurre en paralelo al despliegue operativo anunciado por la Secretaría de Seguridad: intervención en penales, bloqueo de señales y rastreo financiero de grupos delictivos. Frente a una extorsión cada vez más extendida y normalizada, la pregunta es si una reforma legal bastará sin acciones efectivas en campo y voluntad política sostenida.