La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Enrique Peña Nieto por un presunto soborno de 25 millones de dólares vinculado con la compra del software espía Pegasus. La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, tras varios días de silencio institucional ante los reportes de medios israelíes.
El software fue utilizado durante su sexenio para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos. La acusación sugiere que el expresidente habría recibido pagos ilegales por facilitar contratos con NSO Group, la empresa creadora del sistema.
Peña Nieto, quien reside fuera del país, no ha respondido públicamente. El caso revive un capítulo clave del espionaje político en México. La tardía reacción de la Fiscalía pone en duda su independencia y capacidad para investigar a figuras del antiguo régimen. ¿Justicia o simulación ante la presión pública?