En las últimas semanas, se han reportado múltiples casos de ciudadanos estadounidenses de origen latino detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos arrestos, basados en perfiles raciales, han generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y la comunidad latina.
Andrea Vélez, diseñadora de marketing de 32 años, fue detenida en Los Ángeles mientras se dirigía a su trabajo. A pesar de identificarse como ciudadana estadounidense, fue liberada tres días después bajo una fianza de 5,000 dólares y enfrenta cargos por interferir en una operación del ICE. Casos similares incluyen a Brian Gavidia en Montebello, California, y Elzon Lemus en Nassau, Nueva York, quienes también fueron arrestados sin justificación legal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado que estas detenciones violan la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de registros y arrestos sin causa probable. Naureen Shah, directora de Asuntos Gubernamentales de la ACLU, señaló que “incluso cuando las personas demuestran ser ciudadanos estadounidenses, todavía hemos visto casos en los que se encuentran detenidos”.
El Departamento de Seguridad Nacional ha negado las acusaciones de discriminación racial, calificándolas de “repugnantes y categóricamente falsas”. Sin embargo, la creciente cantidad de incidentes ha generado temor e indignación en la comunidad latina, que exige una revisión de las políticas y prácticas del ICE para garantizar el respeto a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.