El gobierno de Estados Unidos ha puesto a tres instituciones financieras mexicanas en la mira por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Las sanciones del Departamento del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa buscan frenar el flujo financiero que alimenta el comercio ilegal con China. La advertencia llega en un tono de cooperación, pero con un trasfondo contundente.
Aunque Hacienda respondió con revisiones administrativas y sin confirmar delitos, el mensaje es claro: el sistema financiero mexicano debe cerrar filas frente a operaciones sospechosas. Las transferencias hacia empresas chinas no son pruebas definitivas, pero sí señales de alerta que podrían derivar en consecuencias legales, económicas y reputacionales mayores.
Expertos señalan que muchas empresas colaboran involuntariamente en esquemas de lavado. Sin embargo, los señalamientos obligan a la banca mexicana a revisar sus controles y mecanismos de supervisión. Este episodio, más que castigo, busca prevenir y presionar desde la diplomacia financiera. Y no es la primera vez que sucede.
La estrategia estadounidense es clara: cortar el suministro económico al crimen organizado en todos los niveles. El fentanilo, con miles de muertes a cuestas, justifica estas acciones en el discurso oficial. Lo preocupante es si México solo reacciona ante presiones externas o si asumirá el liderazgo de una fiscalización efectiva. ¿Podemos confiar en que se investigue a fondo y no quede solo en advertencias? La ciudadanía también debe vigilar qué se hace —o se deja de hacer— tras estos señalamientos.