La Comisión Permanente recibió dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la reforma judicial. Una de ellas propone proteger la identidad de jueces, magistrados y ministros que atiendan casos vinculados con delincuencia organizada, mediante un nuevo marco normativo.
Se plantean cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que permitirán establecer mecanismos de resguardo y revisión periódica de dichas medidas. También se crean criterios objetivos para su aplicación, como amenazas previas o capacidad de daño de los grupos criminales.
Además, se reconoce el principio de justicia pronta y expedita, con modificaciones que limitan la discrecionalidad judicial y reorganizan los plazos del proceso penal. La propuesta integra las nuevas figuras del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Fiscal, en un intento por reducir el rezago y fortalecer la seguridad del sistema de justicia federal.