La reciente reforma a la Guardia Nacional, aprobada por Morena y aliados, transforma su estructura al alinearla con la del Ejército. Entre los cambios destacan la autorización para realizar operaciones encubiertas, el uso de identidades simuladas y la posibilidad de intervenir comunicaciones, bajo orden judicial. La promesa original de un mando civil parece desdibujarse.
Los partidos de oposición alertaron sobre un riesgo de militarización, recordando que la Suprema Corte ya había restringido estas funciones en 2023 por posibles violaciones a derechos humanos. La reforma también permite que miembros de la Guardia compitan por cargos públicos, lo que abre el debate sobre la politización de fuerzas armadas.
Aunque Morena insiste en que la estrategia responde a un modelo civil, el mando operativo quedará en manos de Sedena, y el comandante será propuesto por su titular. A esto se suma que la nueva ley permite a la Guardia intervenir en delitos ambientales, ampliar sus tareas e integrar formación con enfoque de género y derechos humanos.
Más allá de los detalles técnicos, el fondo de esta reforma exige una discusión amplia. ¿Qué implica darle atribuciones militares a una institución con tareas civiles? ¿Cómo se equilibra seguridad con libertades? La participación ciudadana y el seguimiento crítico a estas decisiones son indispensables para evitar que el control se normalice sin transparencia ni consenso social.