La aprobación de la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas marca un hito en la lucha por la verdad y la justicia en México. Es el resultado de décadas de esfuerzo por parte de madres buscadoras, colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos que exigieron al Estado una respuesta digna.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó en su columna semanal que esta ley surge de un proceso amplio de diálogo entre gobierno, víctimas y organizaciones. La legislación busca garantizar una coordinación efectiva y dotar de herramientas reales al sistema de búsqueda.
Más que un cambio normativo, se trata de un reconocimiento político a una deuda histórica. Esta ley no repara el dolor acumulado, pero afirma que el Estado ya no puede permanecer ausente. Por primera vez, se consolida una política de Estado que entiende que buscar a los desaparecidos no es caridad: es justicia.