La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano no fue notificado por Estados Unidos sobre la deportación de Jesús Muñoz Gutiérrez a Sudán del Sur. Según la mandataria, no se activó ningún protocolo de repatriación, a pesar de tratarse de un ciudadano mexicano acusado de homicidio en EE.UU.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense argumentó que “ningún país quería aceptarlos por sus crímenes monstruosos”, por lo que recurrieron a un tercer país dispuesto a recibirlo. Ante esto, México anunció que buscará a Muñoz Gutiérrez para saber si desea ser repatriado, en cuyo caso Estados Unidos deberá facilitar su regreso.
Este episodio no solo tensa la relación diplomática, sino que deja preguntas sobre la legalidad y la ética de los procesos migratorios con antecedentes penales. Cuando el Estado mexicano no es parte activa en decisiones que afectan a sus ciudadanos, se debilita la noción misma de soberanía y protección consular.