Durante su administración, el gobierno de López Obrador autorizó la compra de medicamentos a una empresa ligada al Estado cubano, sin permisos sanitarios, con entregas incompletas y productos caducos. La empresa Neuronic Mexicana, representante de Laboratorios AICA, recibió más de 111 millones de pesos en contratos con Birmex.
Según la Auditoría Superior de la Federación, la orden para beneficiar a esta firma vino directamente de la dirección general de Birmex, dirigida por un general en retiro. A pesar de múltiples incumplimientos, la empresa fue contratada nuevamente, y parte de los productos fueron “acondicionados” internamente en lugar de rechazarse, incurriendo en gastos adicionales.
El caso expone una red de decisiones que, bajo el argumento de cooperación internacional con Cuba, vulneró los protocolos de calidad, distribuyó medicamentos en mal estado y puso en riesgo la salud pública. Las justificaciones técnicas no lograron ocultar los efectos de una política basada en favoritismos.
Esta operación no sólo simboliza el desvío de recursos en nombre de la fraternidad latinoamericana, sino que revela cómo una visión ideológica puede traducirse en corrupción estructural. Mientras se prometía un sistema como el de Dinamarca, se entregaron medicamentos defectuosos a las clínicas más pobres del país. El daño no es solo material, sino ético y sistémico.