La Fiscalía de Nuevo León solicitó cerrar el caso por difamación contra Haramara Gaitán, badmintonista olímpica que había sido procesada tras denunciar acoso sexual. El desistimiento se presentó mediante una audiencia de sobreseimiento, lo que le permitirá retomar sus entrenamientos y competencias oficiales.
Gaitán fue revictimizada por denunciar a sus entrenadores, ligados a la Asociación Regiomontana de Bádminton. Tras su acusación en 2022, fue bloqueada del Centro de Alto Rendimiento, y en 2024 enfrentó una contrademanda por supuesta falsedad. A pesar de ello, el INDE destituyó recientemente a los entrenadores implicados.
Aunque la Fiscalía se retiró del caso, la narrativa de fondo revela un sistema que primero castiga a quien denuncia. El uso institucional del derecho penal como forma de intimidación no es un error aislado, sino un síntoma de impunidad estructural. Este desenlace no borra la violencia vivida, pero visibiliza la urgencia de transformar los mecanismos de justicia en favor de las víctimas, no de sus agresores.