México y Estados Unidos anunciaron la creación de dos equipos bilaterales para combatir el tráfico ilegal de armas, las finanzas ilícitas y el robo de combustible. El acuerdo se formalizó durante la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos en McAllen, Texas, como parte del programa de cooperación fronteriza impulsado tras las presiones del presidente Donald Trump.
La iniciativa incluye la “Misión Cortafuegos”, destinada a interrumpir el flujo de armas con operativos fronterizos ampliados y el uso del sistema eTrace en los 32 estados mexicanos para rastrear armas decomisadas. También se conformó un grupo especializado en finanzas ilícitas para rastrear y bloquear recursos del crimen organizado, además de reforzar acciones contra el robo de combustible, considerado una fuente clave de ingresos de los cárteles.
El encuentro contó con funcionarios de alto nivel de ambos países y fue presentado como un esfuerzo basado en soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida. Sin embargo, la experiencia muestra que la cooperación en seguridad suele enfrentarse a tensiones políticas y asimetrías operativas. La pregunta pendiente es si este nuevo mecanismo logrará romper con la inercia de acuerdos anteriores o si terminará siendo otro intento fallido de cortar los flujos que sostienen al crimen transnacional.