México adoptó en 2020 una Política Exterior Feminista con pilares de paridad, interseccionalidad y no violencia institucional. Su andamiaje se sostiene en décadas de compromiso multilateral, desde México 1975 hasta Beijing 1995, CEDAW y foros recientes. El objetivo: transversalizar género dentro y fuera de la SRE sin perder continuidad.
El expediente de avances es tangible: gabinete y cámaras paritarias, protocolos contra acoso, ventanillas consulares para víctimas y paridad en puestos del SEM. Liderazgos como Rosario Green, Patricia Espinosa, Claudia Ruiz Massieu, Alicia Bárcena, Socorro Flores y otras, profesionalizaron políticas, negociaciones y agendas con impactos medibles.
Sin embargo, la consolidación como política de Estado exige blindajes presupuestales, métricas públicas y mecanismos disciplinarios eficaces. También demanda coherencia entre discurso externo y realidades internas: violencia de género, barreras laborales y brechas regionales. Sin continuidad, la PEF queda vulnerable a vaivenes políticos o capturas burocráticas.
De cara a 2026, el reto es pasar del “deber ser” a resultados verificables: presupuesto etiquetado, datos abiertos, evaluación independiente y sanción oportuna. Igual de clave será tejer alianzas con sociedad civil, academia y organismos internacionales. Así, México puede mantener liderazgo regional creíble y evitar retrocesos que desacrediten su propia narrativa.