La Cámara de Diputados avaló, con 348 votos a favor y 98 en contra, la reforma que otorga al Senado y a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos de mandos superiores de la Guardia Nacional propuestos por la Presidencia. La modificación a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca armonizar el marco legal tras la incorporación del cuerpo a la Sedena en 2024 e incluye un lenguaje de género incluyente.
Durante el debate, la oposición criticó el dictamen. El PAN señaló que la medida se da en un contexto marcado por escándalos de corrupción y acusó que la militarización de aduanas en 2020 convirtió la corrupción en un esquema institucionalizado. El PRI, por su parte, denunció que las reformas se aprueban “al vapor”, sin análisis profundo, lo que podría generar consecuencias negativas para el país.
La discusión refleja tensiones en torno a la consolidación de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad. Mientras la mayoría oficialista defiende que el control militar fortalece la disciplina, la oposición advierte sobre riesgos de centralización y falta de contrapesos. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿esta reforma robustece la seguridad nacional o profundiza los vacíos legales en la rendición de cuentas?