La filial Gasolinas Bienestar, perteneciente a Pemex, rechazó entregar comprobantes de los pagos realizados por Cuba por la importación de combustibles, argumentando que no es sujeto obligado en materia de transparencia. Entre 2023 y 2025 se enviaron hasta 23 mil barriles diarios, con un valor de mil 300 millones de dólares, cifra que representa el 3.3% de las exportaciones totales de la petrolera.
Frente a esta opacidad, el empresario Ricardo Salinas Pliego acusó en redes sociales al gobierno federal de financiar al régimen cubano con recursos públicos, asegurando que “se roba el dinero público para apoyar a un régimen dictatorial”. También insinuó que parte de esos fondos podrían beneficiar a Morena, calificando el esquema como un “negocio redondo”.
La polémica refleja la tensión entre el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos públicos y el blindaje legal que utilizan algunas filiales estatales. La falta de claridad en operaciones de esta magnitud abre un debate urgente sobre transparencia, rendición de cuentas y los límites de la cooperación internacional.