La explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia dejó hasta ahora ocho muertos y más de 90 heridos, algunos con quemaduras graves en hasta el 100% del cuerpo. Afuera de hospitales como el Rubén Leñero, decenas de familias esperan noticias entre llanto, solidaridad y gestos comunitarios, mientras autoridades continúan con los peritajes para determinar las causas del siniestro.
Testimonios narran escenas de desesperación: un albañil sin seguro ni empleo estable que quedó inmovilizado; un comerciante y su hijo alcanzados por una ráfaga de fuego; una estudiante identificada tras horas de búsqueda con el peor desenlace. Vecinos y voluntarios han ofrecido alimentos, palabras de aliento y acompañamiento en medio de la incertidumbre.
El gobierno capitalino anunció apoyo psicológico y la UNAM habilitó líneas de atención para víctimas y familiares. Sin embargo, más allá de la ayuda inmediata, la tragedia evidencia la vulnerabilidad de las familias trabajadoras y la urgencia de reforzar medidas de prevención y seguridad pública en una ciudad expuesta a riesgos crecientes.