Tras concluir su etapa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña enfrenta un periodo de restricción antes de volver a la política o al servicio público. La Constitución mexicana, en su artículo 101, establece que los ministros en retiro deben esperar dos años para poder ocupar cargos en el gobierno federal, estatal o municipal, así como en organismos autónomos.
Durante ese tiempo tampoco pueden participar como abogados, patronos o representantes en procesos ante órganos del Poder Judicial. Esto implica que posiciones como secretarías de Estado, fiscalías, senadurías o gubernaturas estarán fuera de su alcance hasta 2027, cuando expire el bloqueo constitucional.
Aunque Piña ha reiterado su compromiso con el Estado de Derecho, no ha definido si buscará un espacio en la política. Lo cierto es que su eventual regreso abriría un debate mayor sobre la independencia judicial y la puerta giratoria entre tribunales y gobiernos.