Corea del Sur alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para liberar a cientos de sus ciudadanos detenidos en la redada migratoria realizada en una planta de baterías de Hyundai y LG en Georgia. El operativo dejó 475 detenidos, de los cuales alrededor de 300 eran surcoreanos, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos aliados.
El jefe de gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, confirmó que, una vez concluidos los trámites administrativos, se enviará un avión chárter para repatriar a los trabajadores. El gobierno de Seúl también anunció que revisará el sistema de visados para viajes de negocios y proyectos de inversión, con el fin de evitar incidentes similares.
Aunque la redada paralizó la construcción de la planta, Corea del Sur reafirmó su compromiso de concluir el proyecto. El caso refleja las contradicciones de la política estadounidense: alentar inversiones extranjeras, pero restringir la entrada de trabajadores especializados que hacen posibles esas mismas inversiones.