El PRI pidió que la Contraloría del Senado y la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena investiguen los supuestos “donativos” recibidos por Gerardo Fernández Noroña, así como la adquisición de propiedades y autos de lujo que, afirman, rebasan su sueldo legislativo. Según el representante priista Emilio Suárez, la ley prohíbe a los servidores públicos aceptar dádivas y obliga a reportar su origen y carga fiscal.
La bancada priista advirtió que los órganos internos no han actuado con imparcialidad, pero insistió en la necesidad de transparentar el caso. Morena respondió en el INE defendiendo a Noroña y acusando al líder priista Alejandro Moreno de “delincuente con fuero” y de usar la violencia como recurso político.
La confrontación revela cómo el debate sobre austeridad y ética en la función pública se ha convertido en arma de desgaste político. La pregunta pendiente es si este caso abrirá realmente una investigación seria o quedará reducido a un intercambio de acusaciones.