Claudia Sheinbaum rompió su ritual matutino para desmentir un supuesto acuerdo con la DEA, después de que la agencia anunció el “Proyecto Portero” para capacitar policías mexicanos en Texas. La presidenta negó cualquier pacto, aunque el comunicado estadounidense habló de una “iniciativa bilateral audaz”. El choque dejó en evidencia las tensiones en seguridad entre ambos países.
La respuesta mexicana parecía más dirigida a Andrés Manuel López Obrador que a Washington. El expresidente, marcado por su enemistad con la DEA tras el caso Cienfuegos y por investigaciones que vincularon campañas políticas con dinero del narco, es un actor incómodo. Para Sheinbaum, mantenerlo tranquilo es parte del frágil equilibrio político.
Al mismo tiempo, la presidenta ha girado en sentido contrario a su antecesor, reforzando la cooperación bilateral contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo. Estados Unidos ha destacado avances en disrupción financiera, migración y seguridad fronteriza, logros que fortalecen la relación y permiten cuidar el comercio bilateral, vital para la economía mexicana.
El dilema es claro: Sheinbaum debe sostener una política de seguridad que agrade a la Casa Blanca, sin traicionar la narrativa de su mentor. La DEA representa un límite simbólico y político. El futuro dirá si puede mantener este delicado equilibrio sin fracturar ni la relación con Washington ni la lealtad a López Obrador.