Manuel Bartlett vive su momento más crítico desde que la DEA lo colocó bajo la mira en 1985. Autoridades estadounidenses lo acusan de alertar a Rafael Caro Quintero sobre la identidad del agente encubierto Enrique Camarena, lo que derivó en su asesinato, y de facilitar su fuga. Grabaciones presentadas ante un juez en Brooklyn y nuevas pruebas lo acercan a una imputación formal sin precedentes.
El exdirector de la CFE fue informado por la Presidencia y solicitó protección para ser enviado a un país sin tratado de extradición, pero su petición no ha tenido respuesta. Mientras tanto, fiscales en Estados Unidos evalúan la cooperación de Caro Quintero y de Genaro García Luna para reforzar el caso, incluyendo posibles operaciones financieras y vínculos con los empresarios Samuel y Alexis Weinberg.
El contexto legal actual endurece su situación: desde febrero, los principales cárteles son catalogados como organizaciones terroristas, y sus integrantes pueden ser juzgados bajo leyes especiales. Aunque el Cártel de Guadalajara desapareció antes de esta normativa, una conexión financiera comprobada podría permitir aplicar estos criterios para acusarlo con mayor severidad.
Washington quiere cerrar la Operación Leyenda, investigación que suma cuatro décadas, con un golpe simbólico y político. El caso Bartlett es la pieza que falta para enviar un mensaje claro: ningún crimen contra un agente federal quedará impune, incluso si han pasado casi cuarenta años desde que se cometió.