La Presidencia de la República ha implementado un sistema de monitoreo a medios que clasifica a periodistas y comunicadores como “adversarios”. A través de fichas informativas elaboradas por Comunicación Social, el gobierno da seguimiento a opiniones críticas, columnas incómodas y contenidos que cuestionan su narrativa pública.
Especialistas en libertad de expresión consideran que esta práctica viola el artículo 6° constitucional, pues genera un efecto inhibidor entre periodistas y medios. Organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas han condenado el mecanismo, exigiendo su inmediata cancelación por atentar contra el ejercicio informativo.
En vez de garantizar un entorno democrático para la prensa, el gobierno adopta tácticas de vigilancia que recuerdan a regímenes autoritarios. Clasificar la crítica como amenaza erosiona los fundamentos del debate público y normaliza la censura institucional desde el poder.