Aunque Morena se ha presentado como el gran defensor del Estado, muchas de sus decisiones más relevantes han optado por esquemas privatizadores encubiertos. La concesión del Tren Maya a la Sedena, el manejo de aeropuertos por empresas militares y las figuras de fideicomisos opacos contradicen su discurso de soberanía y justicia social. En lugar de fortalecer lo público, se está configurando un nuevo tipo de actor: el Estado comercial sin contrapesos.
Carlos J. González plantea que estas decisiones no solo reproducen la lógica neoliberal de décadas anteriores, sino que la empeoran al disfrazarla de modelo nacionalista. A diferencia de las privatizaciones clásicas —con licitaciones, reguladores y rendición de cuentas—, estas nuevas formas concentran poder económico en estructuras cerradas que no responden ni al Congreso ni a la ciudadanía. Así, lo público termina siendo inaccesible y excluyente.
Además, hay ejemplos de asociaciones con privados en zonas industriales del Corredor Interoceánico, donde empresas como Talos Energy o CPKC Railway participan con total aval del gobierno. Aunque Morena asegura que el control permanece en manos del Estado, en los hechos hay cesión de operación, beneficio y gestión. Esto complica aún más la narrativa oficial que se dice contraria al despojo y al saqueo.
Morena parece atrapada entre el pragmatismo económico y la fidelidad ideológica. Pero mientras se resuelve esa contradicción, se fortalecen estructuras que combinan poder político y control económico sin reglas claras. ¿Estamos frente a una nueva versión del viejo sistema, ahora pintado de guinda?