Durante años, los gobiernos prometieron que las Fuerzas Armadas regresarían a sus cuarteles. Pero eso nunca ocurrió. Ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con López Obrador. Y hoy, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el modelo se consolida: militares en las calles, en aduanas, aeropuertos, hospitales, farmacias, trenes, puertos, construcciones y sistemas de vigilancia digital.
Expertos advierten que las reformas legales recientes han reforzado el poder del Ejército y la Guardia Nacional sin mecanismos reales de control civil. La presidenta ya puede usar a las Fuerzas Armadas sin declarar emergencia, sin filtros del Congreso ni supervisión judicial. Además, se legaliza el rastreo de celulares, el monitoreo de redes y el acceso a datos personales sin orden judicial.
“Pasamos de la militarización fáctica a una legalización total”, advierten especialistas en seguridad. La Guardia Nacional, supuestamente civil, ha operado desde su creación como una extensión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con 67 mil 500 millones de pesos en transferencias civiles durante el sexenio de AMLO, las Fuerzas Armadas nunca fueron auditadas a fondo ni llamadas a rendir cuentas.
A 50 años de la Guerra Sucia, México no tuvo dictaduras como en el Cono Sur, pero hoy se legaliza un nuevo orden: uno en el que el Ejército actúa sin cuarteles y sin límites. La pregunta ya no es si regresarán a los cuarteles. Es si alguna vez tuvieron la intención de hacerlo.