La administración del presidente Donald Trump ha impuesto un nuevo arancel del 17.09% a las exportaciones mexicanas de tomate, reabriendo una vieja disputa comercial de 1996. Esta medida, que afecta 2,800 millones de dólares anuales, busca proteger a los agricultores estadounidenses, ignorando acuerdos previos que por décadas habían normalizado el comercio.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó la decisión como “injusta”, acusando a Estados Unidos de descartar propuestas de acuerdo por “razones políticas”. Ebrard argumentó que la competitividad del tomate mexicano se debe a su calidad, no a prácticas desleales, y advirtió que el arancel afectará a los consumidores estadounidenses, quienes dependen en gran medida del producto mexicano.
Ante esta situación, que impacta directamente a productores como los de Sinaloa, México evalúa buscar nuevos mercados internacionales o explorar el procesamiento del tomate para añadir valor. La estrategia gubernamental y de los productores es de unidad y resistencia, esperando que, como en el pasado, la razón prevalezca y se logre un nuevo acuerdo.