El gobierno de Estados Unidos revocó una norma que desde 1997 permitía a migrantes indocumentados acceder a programas de educación técnica, profesional y para adultos. El Departamento de Educación anunció que los fondos públicos quedarán reservados exclusivamente para ciudadanos o personas con estatus migratorio legal.
La secretaria Linda McMahon argumentó que la norma violaba la ley PRWORA, que limita beneficios federales a ciudadanos y residentes permanentes. A partir de agosto, se aplicará esta nueva interpretación, excluyendo también a migrantes de préstamos estudiantiles y becas como las Pell.
El gobierno de Trump también canceló 7 mil millones de dólares en subvenciones para enseñanza de inglés, acusando su uso político. Además, ha iniciado acciones legales contra estados que ofrecen matrícula reducida a migrantes, en su estrategia por restringir el acceso a la educación pública.