Tras el decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno no protegerá a nadie, incluidos funcionarios o empresarios vinculados al llamado “huachicol fiscal”. Afirmó que el delito persiste, aunque hubo avances en el sexenio anterior, y que se trabaja “con unidad y discreción” para desmantelar las redes.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que el operativo está ligado a la incautación de un buque en marzo. Detalló que ya se han girado y ejecutado órdenes de aprehensión, y que las investigaciones podrían alcanzar a servidores públicos.
Además, el gobierno prepara un sistema de trazabilidad para pipas y ferrotanques con códigos QR, en coordinación con Pemex, Sener y el SAT. La pregunta persiste: ¿serán estas acciones suficientes para romper una red que opera desde hace años con protección institucional?