Durante los primeros cinco meses de 2025, el gobierno federal destinó más recursos a pensiones y participaciones que a inversión pública o programas sociales. En conjunto, estos dos rubros absorbieron más de 1.3 billones de pesos, lo que representa el 40% del gasto neto total.
El gasto en pensiones contributivas creció 7.4% anual, mientras que las participaciones a estados y municipios aumentaron 12.5%. Aunque estos recursos son obligaciones legales, su crecimiento compromete la capacidad del Estado para invertir en infraestructura o nuevas políticas públicas.
Especialistas advierten que el modelo actual no es sostenible y urgen una reforma fiscal que permita redistribuir el gasto. Sin cambios estructurales, el margen para atender nuevas demandas sociales será cada vez más estrecho. La presión del gasto inercial se convierte así en un obstáculo para el desarrollo