El Senado aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La norma plantea una reestructura profunda que incluye la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo control del Ejecutivo. Según Morena, la ley impulsa medios comunitarios e indígenas; la oposición la tacha de autoritaria.
Críticos como Ricardo Anaya y Manuel Añorve alertaron sobre la geolocalización sin orden judicial, riesgos de censura y vigilancia, y la creación de un órgano regulador subordinado. Denunciaron la posible integración de un padrón telefónico previamente declarado inconstitucional, y calificaron la reforma como el “Big Brother del Bienestar”.
La ley define telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos de interés general. Incluye medidas para cerrar la brecha digital y beneficios fiscales para operadores en zonas remotas. Sin embargo, persisten dudas sobre su impacto en la libertad de expresión y autonomía regulatoria.