Durante 2024, los gobiernos estatales redujeron en conjunto más de 8 mil millones de pesos al sector salud, uno de los más críticos para la población. Paradójicamente, en el mismo año duplicaron el gasto en comunicación y promoción oficial. La diferencia en prioridades públicas es clara, y también alarmante.
Con un presupuesto global que superó los 3 billones de pesos, los estados tuvieron margen para decidir. Sin embargo, se destinó más dinero a campañas de imagen que al mantenimiento o mejora de hospitales. En al menos cinco entidades, el aumento en propaganda fue superior al mil por ciento respecto a lo aprobado originalmente.
Además, el pago de deuda superó a la inversión en obra pública, con más de 160 mil millones de pesos destinados al servicio de pasivos. Mientras tanto, las promesas de infraestructura se diluyen entre compromisos financieros crecientes y decisiones opacas que poco responden a necesidades ciudadanas urgentes.
Hoy la pregunta no es cuánto gastan los gobiernos, sino en qué y por qué. La salud quedó rezagada, y no por falta de recursos, sino por decisiones políticas. Como ciudadanía, urge mirar de cerca los presupuestos estatales, exigir prioridades claras y participar en la discusión sobre lo que realmente necesitamos.