Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a una reforma electoral que, según dijo, se presentará “en su momento”. La propuesta surge luego de acusar al INE de “extralimitarse” por opinar sobre votos presuntamente inválidos en la reciente elección judicial, atribución que, subrayó, corresponde al Tribunal Electoral.
Además del conflicto de atribuciones, la mandataria cuestionó el actuar político de algunos consejeros, al considerar que no buscan defender la voluntad popular, sino frenar decisiones de la llamada Cuarta Transformación. Según Sheinbaum, hay una actitud sistemática de rechazo a toda acción gubernamental por parte de ciertos integrantes del órgano electoral.
La presidenta adelantó que la reforma también abordaría el gasto del INE y de los partidos políticos. Criticó el modelo de representación proporcional, es decir, los llamados “pluris”, al considerar que distorsionan la voluntad popular y alimentan una élite política desconectada de la ciudadanía. Esto, dijo, dará tema a los “comentócratas”.
Este nuevo intento de modificar las reglas del juego político reactiva un debate de alto voltaje: ¿debe el árbitro electoral ser reformado por quien ostenta el poder? La sociedad civil, los partidos y especialistas ya anticipan una discusión intensa. En este escenario, la participación pública será clave para legitimar —o frenar— cualquier cambio. ¿Reforma necesaria o ataque a la autonomía? El debate apenas comienza.