Luis Humberto Montaño, empresario cercano a Adán Augusto López y hoy coordinador de asesores del Instituto Belisario Domínguez, omitió declarar su participación en dos compañías contratistas del gobierno por más de ocho mil millones de pesos.
Pese a su actual cargo en el Senado, sus empresas —Lumo Financiera y Lease and Fleet Solutions— siguen recibiendo contratos. Uno de ellos, vigente hasta junio, fue asignado por el ISSSTE por un monto máximo de 13 millones de pesos.
Este caso pone en duda los mecanismos de control patrimonial y la separación entre negocios privados y funciones públicas. La transparencia debe comenzar por quienes legislan o asesoran el poder.