En solo ocho semanas, Américo Villarreal realizó 25 vuelos privados, con un costo mínimo que rebasa los 790 mil pesos. Aunque dice vivir de su sueldo de servidor público, su ritmo de viaje sugiere acceso a recursos y redes que no aparecen en su declaración patrimonial. La incongruencia es evidente: predican austeridad, pero practican privilegio.
El uso de un avión privado propiedad de una empresa que oficialmente “no renta aeronaves” pone en entredicho no solo la ética, sino también la legalidad del vínculo. Mientras la cúpula de Morena rechaza públicamente el uso de helicópteros y escoltas, Villarreal opera en el aire y en tierra con lógica de funcionario blindado.
La narrativa del “gobierno que no roba y vive como el pueblo” se estrella al comparar bitácoras de vuelo con publicaciones en redes sociales: actos oficiales, encuentros familiares, y hasta asambleas partidistas son parte del itinerario del Cessna 340A. Todo, mientras se niega su uso desde las oficinas locales.
El contraste es brutal: mientras los programas sociales se operan con recursos limitados, su principal delegado vuela como alto ejecutivo. A este ritmo, no es la pobreza lo que se erradica desde Bienestar, sino el pudor de quienes repiten un discurso que no pisan ni en la pista de aterrizaje.