La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa ante el Congreso para expedir la nueva Ley de la Guardia Nacional, que formaliza su integración operativa y administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional. La propuesta otorga al Ejército facultades en inteligencia, mando operativo, adquisición de equipo y formación del personal.
El proyecto contempla que el mando supremo siga en la Presidencia, mientras que el alto mando recaerá en el titular de la Defensa. Además, establece que sus integrantes estarán sujetos a fuero militar, salvo en delitos del orden civil, y prevé colaboración con autoridades nacionales e internacionales.
Aunque se plantea como una estrategia para fortalecer la seguridad nacional, el reforzamiento del control castrense sobre una corporación originalmente civil abre un debate necesario: ¿garantiza esta medida mayor seguridad o normaliza la militarización del espacio público sin controles suficientes?