El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó directamente a elementos de seguridad de Guatemala de estar coludidos con delincuentes. Lo hizo tras un incidente violento registrado en territorio guatemalteco, compartiendo una fotografía en redes como única “prueba”.
Sin presentar evidencia contundente, Ramírez lanzó una grave acusación que tensa aún más la ya frágil relación fronteriza. En lugar de coordinar una respuesta diplomática o de seguridad regional, optó por el escándalo mediático.
La frontera sur es un polvorín de impunidad y crimen organizado, pero el gobernador prefiere culpar a terceros antes que rendir cuentas por la falta de control en su propio territorio. ¿Es esta una advertencia legítima o una maniobra para desviar responsabilidades? Mientras tanto, las comunidades fronterizas siguen atrapadas entre el abandono y la violencia.